Congreso CDMX Recibe Reforma de Rentas Justas, Morena la Respalda; Oposición se Alinea con la Especulación
Por Naila Boleaga
CxuNews / Durante la última década, la Ciudad de México ha vivido una transformación acelerada de su mercado inmobiliario: colonias encarecidas, contratos de renta disparados y miles de familias obligadas a desplazarse hacia la periferia. En ese contexto de presión urbana y malestar social, la iniciativa de reforma constitucional en materia de “rentas justas”, enviada por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, llegó hoy al Congreso capitalino como una apuesta por reequilibrar las reglas del juego.
Impulsada por la bancada de Morena como parte de su agenda de justicia social, la propuesta enfrenta desde ahora la resistencia de la oposición, que anunció su rechazo y la eventual interposición de amparos. Para el oficialismo, esa postura responde a la defensa de intereses inmobiliarios; para sus críticos, implica riesgos a la propiedad privada.
La coordinadora parlamentaria, Xóchitl Bravo Espinosa, enmarcó la iniciativa como resultado de un proceso de escucha ciudadana: “Entender lo que se dijo en aquellos foros es fundamental, porque hoy se consolida en la propuesta que envía la Jefa de Gobierno… Tenemos muy claro el sentir de la gente”. Según explicó, la reforma no surge en el vacío, sino de testimonios recogidos en 15 foros realizados en 13 alcaldías.
Las cifras respaldan el diagnóstico: cerca de dos millones de personas viven en vivienda rentada; los precios se duplicaron entre 2015 y 2025, y apenas uno de cada diez jóvenes accede a vivienda propia. “La gente nos decía: ‘yo pagaba 10 mil o 15 mil pesos; hoy pago más de 40 mil’”, relató Bravo. El fenómeno, añadió, no solo encarece la vida, sino que fragmenta el tejido comunitario: “Se expulsa a la gente de sus barrios; desaparecen la tienda, la papelería, la barbería, la botica”.
Frente a este escenario, la iniciativa propone cuatro medidas estructurales: limitar el aumento anual de rentas a la inflación; ampliar la oferta de vivienda social; crear una Defensoría de los Derechos Inquilinarios; y reconocer el arraigo vecinal, cultural y económico como derecho constitucional.
El presidente de la Comisión de Vivienda, Emilio Guijosa, destacó el respaldo financiero: “Hay una política de vivienda muy ambiciosa… Este Congreso ha aprobado 9 mil millones de pesos en vivienda. Es una inversión histórica”.
El debate de fondo ya está delineado. Mientras la oposición advierte una posible vulneración a la propiedad privada, Morena sostiene que el problema actual es la exclusión habitacional. “La diferencia es clara: nosotros vemos la vivienda como un derecho; la oposición la ve como un negocio”, afirmó Bravo.
En esa misma línea, el diputado Paulo García cuestionó la postura opositora: “Nos llama la atención que hoy vino Acción Nacional a recetarse una sarta de falsedades… Están en contra de una reforma que aún no llegaba ni leían”.
Con el periodo ordinario que inicia en septiembre en el horizonte, el Congreso de la Ciudad de México se perfila como el escenario de una discusión clave: definir si la vivienda se consolida como derecho garantizado o continúa sujeta a las dinámicas del mercado.