Clara Brugada: Legislación de Rentas No Afectará a la Propiedad Privada
Por Naila Boleaga
*Afirma la Jefa de Gobierno: Ni Estatización de Inmuebles, ni se Congelarán las Rentas *Se Comprarán Inmuebles para Destinarlos a Renta
CxuNews / La Jefa de Gobierno Clara Brugada desmintió que la nueva legislación en materia de Rentas plantee estatizar inmuebles, al remarcar que puntual que «el Gobierno de la ciudad respeta la propiedad privada y, como tal, no vamos a intervenir en espacios que se puedan encontrar en la ciudad, de ninguna forma, que afecten a la propiedad privada. O sea, respetamos la propiedad privada”.
De ese ko0do salió al paso de las falacias difundidas por legisladores de la oposición, respecto a que la iniciativa en materia inquilinaria y de rentas justas en la Ciudad de México generaría aumento en el pago del predio y estatizaría inmuebles,
En cambio, «sí tenemos una gran política pública de adquisición de inmuebles para vivienda. Allí sí tenemos los recursos y la definición de comprar inmuebles, para que se destinen a vivienda pública. Lo está haciendo la Secretaría de Vivienda».
Durante una conferencia de prensa ofrecida este jueves en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la mandataria de la capital del país adujo: Consideramos que es muy importante, porque la ciudad dejó de tener reservas territoriales para vivienda. O sea, necesitamos que esta reserva territorial se adquiera. Se compra al mercado y se está haciendo.
“Entonces, ¿qué queremos? Resolver el problema de la escasez de vivienda, y respetamos por supuesto, la propiedad privada.
En su turno, el secretario de Bienestar e Igualdad Social, Pablo Yanes Rizo intervino para subrayar: lo primero es que, para tener un debate productivo, debe basarse en una conversación pública informada, sin desinformación, sin distorsiones y sin falsedades. Diría que es exactamente al revés.
“El punto de partida es que el mercado inmobiliario de alquileres en la ciudad, está lejos de ser un mercado eficiente. Es un mercado con muchísimas distorsiones; con mucho de lo que se llama en la economía neoclásica, fallas del mercado.
Al iniciar el encuentro con los medios, Clara Brugada Molina puso en claro que la iniciativa de Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, Razonables y Asequibles en la Ciudad de México, presentada recientemente ante el Congreso de la Ciudad de México, tiene como objetivo combatir la especulación inmobiliaria, frenar la gentrificación y proteger a las familias capitalinas.
Que en dicha propuesta se prevén siete puntos estratégicos para garantizar el derecho al arraigo mediante la creación de la Defensoría Inquilinaria, la limitación de los requisitos de arrendamiento y la protección equitativa, tanto para inquilinos como para arrendadores.
“Nosotros defendemos que las ciudades son de quienes las habitan, no sólo de quienes pueden pagarlas. Frente a la especulación, derecho a la vivienda, y frente a la expulsión, derecho al arraigo”. Además, destacó la urgencia habitacional en el panorama global y local, señalando que la vivienda es la gran causa de los movimientos sociales urbanos de nuestra época.
“La vivienda condensa la disputa mundial entre los modelos de sociedad, la pugna incesante por el derecho a vivir y permanecer en las grandes ciudades del mundo”.
Al recordar que en la capital casi el 30 por ciento de las familias rentan una vivienda y, en este rubro, los precios se han multiplicado por cinco en las alcaldías centrales durante los últimos 20 años, Brugada Molina expuso que en los últimos 15 años la cantidad de personas que rentan se ha incrementado 54 por ciento, y ha provocado que las familias lleguen a destinar hasta el 40 por ciento de sus ingresos mensuales para el pago de vivienda.
Para anotar que, por ello, la primera medida de los siete puntos estratégicos presentados establece que los precios de las rentas no podrán subir por encima de la inflación anual, dotando de instrumentos jurídicos para garantizar el cumplimiento de este principio y evitar que el mercado inmobiliario profundice las diferencias sociales.
Una segunda medida será la creación de una Carta de Derechos y Obligaciones que permitirá exigir sólo una garantía para rentar, eliminando la práctica de pedir avales múltiples y pólizas jurídicas excesivas, así como prohibir la discriminación de cualquier y tipo y fijar deberes claros para los inquilinos.
En tercera instancia, anunció la creación de la Defensoría Inquilinaria, adscrita a la Procuraduría Social, que ofrecerá defensa jurídica gratuita. Como cuarta medida, la ley promoverá contratos estables con una duración mínima de un año y un registro digital protegido para dar seguimiento a los acuerdos, facultando sanciones ante aumentos ilegales o daños al inmueble.
Como quinto punto, se ampliará la oferta de vivienda social y asequible, sumando a la iniciativa privada mediante apoyos a los propietarios que suscriban contratos multianuales. En materia de desalojos, el sexto punto plantea la creación del Gabinete de Acompañamiento Social para intervenir, siempre respetando las resoluciones judiciales, con alternativas habitacionales o apoyo para renta. Asimismo, se regulará a los cargadores exigiendo personal capacitado que será contratado por el Poder Judicial.
“Enviamos un mensaje claro: en esta ciudad ningún desalojo puede violar los derechos humanos”, subrayó. Todo el panorama será monitoreado a través de un nuevo Observatorio Público de Vivienda para una mejor planeación.
Brugada Molina fue categórica al desmentir la desinformación en torno a la propuesta, por lo que llamó a no dejarse engañar y aseguró que no hay congelación de rentas en esta iniciativa de ley, ni mucho menos se ataca a la propiedad privada. “Nuestro gobierno garantizará y protegerá el derecho a la propiedad privada. Defendemos el patrimonio de los propietarios.
“Cuando no tienen argumentos, fabrican fantasmas; parece que la oposición se pone del lado de la gentrificación”, sentenció al dejar claro que la iniciativa no busca atentar contra los arrendadores ni la propiedad privada, sino frenar los abusos y la especulación.
En su mensaje también hizo un llamado al Congreso capitalino y a todos los actores involucrados en el tema para abrir un debate abierto en el que se escuchen todas las voces y genere consensos. “Será un auténtico parteaguas en la historia del derecho a la vivienda. Esta ley garantiza que los hechos no se burlen de los derechos”.
Por su parte el secretario de Vivienda, Inti Muñoz Santini, precisó que la iniciativa no congela las rentas ni determina un precio único, sino que busca que existan reglas claras y que esa normatividad se cumpla a cabalidad, para ello incorpora sanciones específicas, registro digital de contratos, servicios gratuitos de orientación, asesoría, mediación y conciliación.
Dijo que, en la Ciudad de México alrededor de 2 millones de personas viven en una vivienda rentada y existen más de 813 mil viviendas en renta, de acuerdo con datos de la encuesta intercensal 2025. Indicó que, de acuerdo a estimaciones recientes del mercado, las rentas se sitúan entre 16 mil 600 y 24 mil pesos en promedio, según la zona y el tipo de vivienda.
Ante ello, Muñoz Santini previno que el Gobierno de la Ciudad tiene el compromiso hacia el 2030 de realizar 200 mil acciones de vivienda, de las cuales 80 mil serán viviendas nuevas y 120 mil serán procesos de mejoramiento integral en los barrios populares.
El secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, agregó que la creación del Gabinete de Acompañamiento Social ante los Desalojos, se enfoca a proteger los derechos humanos de las familias que enfrentan resoluciones judiciales de desocupación de vivienda.
Dicho órgano brindará asistencia institucional, buscará alternativas habitacionales y canalizará a las personas afectadas hacia programas sociales, asegurando que las diligencias sean pacíficas y sin intervenir en las decisiones de los jueces. Como medida complementaria, se capacitará obligatoriamente en derechos humanos al personal encargado de mudanzas y resguardos para evitar agresiones, y se apoyará a grupos vulnerables con el almacenamiento de sus enseres.