Con Respaldo a Brugada, Morena Propone Castigar la Extorsión Antes de Consumarse
Por Naila Boleaga
*Legisladores de Morena delinearon una ofensiva legal para cerrar el paso a la extorsión desde su origen
CxuNews / La bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México se sumó al reclamo social por el caso de Edith Guadalupe y expresó su respaldo a las investigaciones que encabeza la Fiscalía capitalina. En ese contexto, los legisladores articularon una agenda centrada en seguridad, rendición de cuentas y protección integral de la ciudadanía.
Como parte de esta ruta, el diputado Alberto Martínez Urincho presentó una iniciativa que busca tipificar el delito de hostigamiento coercitivo, con el objetivo de perseguir la extorsión desde sus primeras señales, incluso cuando no llegue a consumarse. La propuesta, impulsada por la Jefa de Gobierno Clara Brugada, plantea una reforma al Código Penal local en tres ejes: armonizar la legislación con la Ley General en materia de extorsión, incorporar la violencia física o moral como agravante en casos de cobranza ilegítima y crear esta nueva figura penal.
El legislador subrayó que la intención es “actuar desde el primer acto de amenaza o intimidación”, evitando que las víctimas queden desprotegidas por vacíos legales. “Aunque el crimen no se consumó, quedaba el temor y la zozobra que permanece en la sociedad”, advirtió. Con esta modificación, añadió, se busca proteger a comerciantes, transportistas y vecinos que hoy enfrentan presiones que, por no concretarse, muchas veces quedan impunes.
La iniciativa también pretende incentivar la denuncia y abrir el debate entre todas las fuerzas políticas. Según Urincho, el objetivo es claro: “atajar la extorsión en todas sus formas” y frenar su expansión antes de que cause daños mayores.
En la misma línea, el diputado Paulo García recordó que la legislación vigente ya contempla sanciones más severas para servidores públicos que incurran en este delito. “Eso se tiene que entender en todas las esferas públicas”, enfatizó, al señalar que este agravante ha sido aplicado incluso en casos registrados en alcaldías gobernadas por la oposición.