“Saldaña Impulsa Recorte al Congreso y Freno a Privilegios”

Por Naila Boleaga

CxuNews / Con una consigna directa —“el poder público debe ejercerse con congruencia y de cara a la ciudadanía”—, la diputada Miriam Saldaña Cháirez llevó al pleno del Congreso capitalino una propuesta que apunta a recortar privilegios y ajustar el gasto legislativo.

Durante la sesión celebrada el martes 28 de abril en el Congreso de la Ciudad de México, la legisladora hizo uso de la tribuna para presentar una iniciativa que, en sus palabras, busca transformar el ejercicio del poder en un “espacio de responsabilidad, coherencia y compromiso real con la gente”.

El planteamiento se articula en dos ejes centrales. El primero propone reducir el techo presupuestal del Congreso local, al pasar del 0.8% al 0.70% del Presupuesto de Egresos de la Ciudad. Saldaña subrayó que este ajuste “no significa debilitar al Poder Legislativo, sino robustecerlo a partir de la eficiencia, la austeridad y la disciplina financiera”.

El segundo componente se enfoca en el régimen de remuneraciones de las personas servidoras públicas. La iniciativa establece de manera explícita que ningún funcionario podrá contratar o adquirir, con recursos públicos, seguros de gastos médicos privados, pólizas de vida, planes de pensiones particulares, seguros de separación individualizada, cajas de ahorro especiales o cualquier prestación que no esté contemplada en la ley, decretos, disposiciones generales o condiciones laborales vigentes.

Asimismo, se refuerza el principio constitucional de que “ningún servidor público debe percibir una remuneración superior a la establecida en el artículo 127”, cerrando así —según la diputada— la puerta a “prácticas discrecionales que durante años profundizaron la desigualdad y distorsionaron la vocación del servicio público”.

Saldaña Cháirez sostuvo que la reducción del margen presupuestal permitirá contener incrementos desproporcionados en el gasto legislativo y, al mismo tiempo, liberar recursos para destinarlos a rubros prioritarios. “Se trata de reasignar el dinero público hacia infraestructura, servicios esenciales y la garantía de derechos sociales”, enfatizó.

Con esta propuesta, la legisladora posiciona un debate que combina austeridad, control del gasto y redefinición de los beneficios en el servicio público, en un contexto donde la exigencia ciudadana por mayor rendición de cuentas continúa en aumento.