Ante Crisis Hídrica, Miriam Saldaña Propone Blindaje Penal para Ríos, Barrancas y Zonas de Recarga de CDMX
Por Naila Boleaga
*La propuesta busca convertir la protección de los ecosistemas hídricos en una prioridad penal *Contaminar o alterar gravemente ríos, barrancas y humedales podría generar responsabilidad penal *Quienes provoquen daños deberán contribuir al saneamiento y recuperación de los espacios afectados
CxuNews / Frente a una ciudad que enfrenta cada vez mayores desafíos para garantizar su seguridad hídrica, la diputada Miriam Saldaña Cháirez planteó llevar la defensa del agua y de los ecosistemas al terreno penal, con una reforma que busca castigar a quienes contaminen, destruyan o alteren de manera grave los sistemas naturales que sostienen el equilibrio ambiental de la capital.
La vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo propuso reformar el Código Penal de la Ciudad de México para fortalecer las sanciones contra quienes ocasionen daños graves al agua y a los ecosistemas, bajo la premisa de que ríos, barrancas, humedales, canales, lagunas, presas, vasos reguladores y zonas de recarga del acuífero constituyen infraestructura ambiental indispensable para la ciudad.
“No podemos seguir considerando estos espacios como terrenos residuales o lugares disponibles para ser rellenados, entubados o utilizados como depósitos de residuos”, planteó la legisladora, al destacar la importancia de reconocer su función en la seguridad hídrica, la biodiversidad y la adaptación frente al cambio climático.
La iniciativa coloca especial atención en las acciones de contaminación. De aprobarse, se ampliarían los supuestos para sancionar penalmente las descargas, depósitos o infiltraciones ilícitas de aguas residuales, aceites, hidrocarburos, residuos sólidos, sustancias químicas y otros materiales contaminantes en los componentes del sistema hídrico capitalino.
La iniciativa va más allá de castigar a quienes contaminan el agua
Saldaña Cháirez también propone establecer sanciones para quienes, sin autorización, desvíen, rellenen, obstruyan, entuben, cubran, canalicen, modifiquen o destruyan ríos, barrancas, humedales y otros cuerpos de agua, siempre que dichas conductas alteren significativamente su funcionamiento hidrológico, ambiental o ecosistémico.
La diputada advirtió que intervenir estos espacios de manera ilegal puede tener consecuencias que trascienden el sitio directamente afectado, al modificar los cauces naturales, reducir la capacidad de infiltración del suelo, alterar los ecosistemas y comprometer la disponibilidad futura de agua.
“Dañar un río o una barranca no representa únicamente afectar un espacio físico; significa atentar contra un patrimonio colectivo, comprometer la seguridad hídrica y poner en riesgo el futuro ambiental de toda la Ciudad de México”, afirmó.
Otro de los puntos centrales de la propuesta es la protección de las áreas naturales que permiten la infiltración y recarga de los acuíferos. La iniciativa plantea sancionar las afectaciones ilegales derivadas de su impermeabilización, relleno, compactación o destrucción cuando representen un daño grave.
La propuesta busca establecer un criterio de proporcionalidad: las sanciones penales estarían dirigidas a conductas que ocasionen daños graves o riesgos significativos para el ambiente, el agua y la salud, evitando que cualquier intervención sea automáticamente considerada un delito.
Y es que, para la legisladora petista, castigar no debe ser el único objetivo. La reparación del daño tendría un papel fundamental mediante acciones de saneamiento, retiro de residuos, recuperación de la vegetación, restauración de cauces y restitución de superficies permeables.
Con ello, la iniciativa pretende que quienes deterioren de manera grave los ecosistemas no sólo enfrenten una consecuencia penal, sino que contribuyan a recuperar el patrimonio ambiental afectado.
Desde esta perspectiva, la propuesta de Miriam Saldaña coloca la protección del agua como un asunto de interés público, justicia ambiental y responsabilidad colectiva, al considerar que la infraestructura natural de la capital es parte esencial de las condiciones que permiten garantizar el derecho humano al agua.
La iniciativa busca así fortalecer el marco jurídico de la Ciudad de México para que la contaminación y destrucción grave de sus ecosistemas hídricos tengan consecuencias y, al mismo tiempo, se obligue a recuperar los espacios dañados.
Para la diputada del PT, proteger hoy los ríos, barrancas, humedales y zonas de recarga significa defender el agua disponible para las próximas generaciones y preservar el derecho de la población a vivir en un medio ambiente sano.